El cargo público no da derecho a imponer las creencias propias
Una mujer llega a pedir atención después de una violación. No necesita que el Estado agregue obstáculos a una experiencia que ya le arrebató el control sobre su cuerpo. Necesita atención médica oportuna, información clara y la posibilidad de decidir. En Costa Rica, la Comisión de la Mujer aprobó excluir la anticoncepción de emergencia de los servicios mínimos que garantizaría el proyecto de atención a víctimas de violencia sexual. Después, algunas diputadas anunciaron que intentarían reincorporarla, condicionada a una prueba de embarazo previa. La urgencia no es abstracta. En 2023, el OIJ atendió 503 casos de violación o ataque sexual mediante el Protocolo de las 72 horas; aproximadamente la mitad de las personas atendidas eran menores de edad. En 2022 fueron 470 casos, incluidos 229 menores. Estas cifras corresponden a atenciones dentro del protocolo, no al total nacional de violaciones denunciadas. Aun así, recuerdan algo que el debate legislativo no…