Las recientes iniciativas argentinas ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, relacionadas con las actividades de exploración y explotación petrolera en las inmediaciones de las islas Malvinas, y la reacción del gobierno británico vuelven a poner de manifiesto la complejidad de una controversia que exige mucho más que declaraciones de principios. La Argentina tiene razones históricas y jurídicas para sostener su reivindicación de soberanía.
Pero la legitimidad de una pretensión no garantiza, por sí sola, la eficacia de los medios empleados para hacerla valer. Mucho menos cuando se enfrenta a un conflicto prolongado, con profundas implicancias políticas, económicas y estratégicas.
En principio, recurrir a un tribunal internacional constituye una decisión acertada, coherente con la voluntad de encauzar las controversias mediante los instrumentos que ofrece el derecho internacional. La jurisprudencia internacional ofrece antecedentes que pueden proporcionar fundamentos para la posición argentina, aunque sería prematuro anticipar el resultado de las actuaciones.
Como ocurre con…
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A nueve meses de la muerte de su hijo, Michael y Susan Pretti exigieron al gobierno federal que avance con la investigación y entregue toda la evidencia. Hasta ahora, ningún agente ha sido acusado por el hecho. “Nos han ignorado, engañado y protegido a los asesinos de Alex”, dijo su padre.
En Arizona, los recortes en asistencia alimentaria impulsados por la administración anterior afectan a miles de familias, generando descontento y movilización electoral. La inflación y el aumento del costo de vida agravan la situación, motivando a los afectados a participar en las próximas elecciones. El impacto en el poder adquisitivo es un tema clave en las contiendas electorales del estado. Mientras algunos candidatos se distancian de políticas impopulares, ciudadanos como Óscar Ochoa y Angélica García llaman a votar para expresar su descontento.
Las elecciones del año que viene definirán quiénes gobernarán al país hasta 2031. También se renovarán bancas en el Congreso y autoridades provinciales.
